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Fran Barquero
Coordinador Departamento Química y Medio Ambiente de F. Iniciativas

Durante la última semana de Octubre, varios medios se hacían eco del último Boletín de Coyuntura del Mercado del Medicamento en España, editado por la asociación Farmaindustria. En este boletín se analizaba, entre otros aspectos, cómo está impactando la reducción del gasto farmacéutico público en la reducción progresiva de los ingresos de las compañías farmacéuticas. Adicionalmente, ya se acumulan dos años de caída en la inversión en Investigación y Desarrollo (se ha retrocedido a niveles del año 2007) y es previsible que esta tendencia pueda durar aún algunos años más. Si bien la inversión en I+D constituye un coste cuasi-fijo en las empresas del sector, la propia Farmaindustria intuye que los grandes recortes también pueden alcanzar a esta área.

Frente a esta situación, el pasado 28 de septiembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la nueva Ley 14/2013, conocida comúnmente como “Ley de Emprendedores”. Esta ley modifica sustancialmente las condiciones de acceso de las empresas a los incentivos fiscales por la realización de actividades de I+D+i e incluye como novedad la posibilidad de aplicar las deducciones generadas a partir de 2013 sin límites respecto a la cuota (en la actualidad este límite oscila entre el 25% y el 50%), así como la restitución de la deducción generada en el caso de insuficiencia de cuota.

Teniendo en cuenta la situación descrita anteriormente en cuanto a la reducción de ingresos y disminución de gastos de I+D, esta nueva ley podría ser un alivio financiero para el sector farmacéutico ya que permitiría un mayor rendimiento fiscal de los gastos de I+D realizados a través de estas mejoras fiscales. No obstante, acogerse a este régimen de medidas excepcionales conlleva una serie de requisitos tales como mantener la inversión en I+D en los dos años siguientes respecto a las cantidades deducidas, el mantenimiento de los recursos humanos destinados a I+D y la necesidad de obtener el Informe Motivado expedido, principalmente, por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) para aquellos proyectos cuyas deducciones quieran aplicarse sin limitación o pretendan ser abonadas. Este último requisito plantea algunos interrogantes en el sector farmacéutico, que en líneas generales nunca ha requerido de evaluaciones externas para garantizar la calidad o calificación técnica de sus proyectos de I+D. Además, los proyectos de investigación básica o preclínica son de carácter estratégico para el desarrollo de nuevos productos, con lo que históricamente se han evitado las evaluaciones de terceros (llámese MINECO, CDTI u otros organismos relacionados con los incentivos de I+D) por motivos de confidencialidad.

En relación a la calificación en Informe Motivado de los gastos de I+D, no deberían presentarse demasiadas incertidumbres puesto que el sector farmacéutico destaca por un elevado número de investigadores adscritos en exclusiva a I+D, así como se realizan colaboraciones con fundaciones, hospitales y centros especializados para llevar a cabo los ensayos clínicos y otro tipo de tareas dentro del desarrollo de un nuevo fármaco.

Recientemente, además, se han aclarado muchas dudas en cuanto a la inclusión de estas colaboraciones dentro de la base de la deducción de I+D (en el caso de encargo de actividades de I+D en grupos multinacionales) gracias a la publicación en junio de 2013 de la consulta vinculante 1892-13 que confirma que estos gastos son directamente relacionados con la actividad de I+D materialmente desarrollada por la empresa contribuyente, “con independencia de que, por obligación de la legislación vigente o por conveniencia, se corresponden con colaboraciones externas”.

En conclusión, parece el momento idóneo para que las empresas del sector farmacéutico acudan en mayor medida a la utilización del Informe Motivado, de manera que puedan acogerse a las nuevas medidas en cuanto a incentivos de I+D en el Impuesto de Sociedades, así como obtener el confort de un marco de aplicación de las deducciones de I+D de completa seguridad jurídica, que hasta el momento, y fruto de la elevada calidad de los proyectos del sector, no parecía estrictamente necesario y, en consecuencia, había sido infrautilizado.