El Sector Agroalimentario comienza 2022 con cambios de escenario que presenta varios desafíos: encarecimiento de la electricidad y del gasóleo agrícola, sumado a la subida en un 70% de precios de los piensos y los fertilizantes, que repercute directamente en dos terceras partes de los inputs que necesitan los agricultores y ganaderos. Además, a raíz de la covid-19, surge la tendencia quick commerce, que ha ocasionado un cambio de paradigma en el reparto de última milla.
Con el fin de incentivar el cambio transformador hacia un sector más digital y sostenible que pueda hacer frente a estos cambios, el pasado martes 8 de febrero, el Consejo de ministros aprobó el PERTE Agroalimentario enfocado al sector agrario, ganadero, pesquero y que engloba a toda la cadena de valor: productores, industria agroalimentaria y sector de la distribución.
Este PERTE se presenta como un conjunto de medidas dirigidas a transformar, modernizar e impulsar el crecimiento sostenible, su digitalización y la cohesión:
De hecho, un 45 % de esos fondos estarán dirigidos a articular medidas concretas para apoyar la transformación digital de todos los agentes (agricultores, ganaderos, cooperativas o pymes dedicadas a la producción, transformación y comercialización) que componen la cadena de valor de un sector que contribuye con cerca de un 10 % al PIB. En este sentido, destaca el Programa Kit Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, dirigido a autónomos, pequeñas empresas o microempresas que podrán optar a unos 500 millones de euros para digitalizar sus procesos o poner en marcha una tienda en línea.
Dentro de los cambios de escenario en el sector agroalimentario que señala este PERTE, caben destacar dos puntos muy positivos: el carácter estratégico del sector y el modelo de gobernanza que apuesta por la colaboración entre organismos públicos y representantes del sector privado. Al ser un sector muy heterogéneo y atomizado, constituido en su mayoría por pymes, un punto clave serán las organizaciones sectoriales o cooperativas agroalimentarias y con este modelo de gobernanza se espera que las ayudas lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% del sector de las 30.500 empresas agroalimentarias del país.
La dotación presupuestaria pública anunciada para este PERTE asciende a 1.002 millones de euros hasta 2023, concentrados exclusivamente en torno a las medidas transformadoras, las cuales, a la vez, pivotan sobre tres ejes de actuación:
A través del PERTE se prevé generar un impacto en la economía de unos 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.
Al activarse el PERTE Agroalimentario, es aconsejable para las empresas como primer paso a realizar, analizar la estrategia en su modelo de negocio para identificar las líneas de inversión prioritarias a ejecutar en los próximos 3 años. Este punto inicial ayudará a determinar en qué bloques están más interesados dentro de estos cambios de escenario en el sector agroalimentario: competitividad, sostenibilidad y trazabilidad. Tras la identificación de las líneas de interés, será más fácil la cooperación con otras empresas del sector.
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