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Iván Ruiz

Director general de F. Iniciativas

 

A finales de 2016 el comisario europeo de Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, presentó la Corporate Tax Reform Package o propuesta de armonización del Impuesto sobre Sociedades a nivel europeo. Su objetivo es resolver los conflictos fiscales vinculados a la tributación de las multinacionales.

Un aspecto específico de la misma focaliza en el incentivo especial a la innovación que, aplicado sobre la base imponible, permitiría a las empresas que invierten en I+D obtener un retorno sobre su inversión. Su implantación puede reparar uno de los perjuicios que el sector TIC ha sufrido en nuestro país -en contraposición con otros sectores tecnológicos- a causa de una redacción de la normativa más restrictiva respecto a la definición y al tratamiento fiscal del software (una paradoja ilustra este perjuicio: las empresas del ámbito TIC ha certificado únicamente un 10% de sus proyectos como I+D -en comparación con el 23% de la media global- cuando en este mismo sector TIC un 38% de sus empresas tienen actividades innovadoras, en contraste con el 11,3% a nivel global de todos los sectores. ¿Sorprendente, verdad?).

Justo es reconocer que frente al redactado de I+D de la Ley 4/2008 -que encasillaba en el ámbito de la innovación tecnológica muchos proyectos de software con un evidente grado de novedad objetiva- se ha pasado a una formulación más abierta en la Ley 27/2014 que considera como I+D la “creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados sustancialmente”. Un pequeño avance, aunque en un marco todavía limitado para el software en el que persisten dosis elevadas de inseguridad jurídica por la ambigüedad en las definiciones y por la falta de jurisprudencia en su aplicación.

Recordemos que en España el gasto en I+D en 2015 fue de un 1,22% del PIB sobre el objetivo europeo del 3%, con un gasto empresarial de 6.920 millones de euros (un 14% por debajo del máximo de 2008) según el INE. Ante esta realidad, el diagnóstico es inequívoco: algún cambio debe introducirse en las políticas de innovación españolas, y si además éste se articula de un modo acertado y permite resolver agravios en sectores tecnológicos estratégicos como el TIC, pues estamos ante un doble acierto. El aprovechamiento de esta oportunidad dependerá de la voluntad del Gobierno y los diferentes agentes del sistema en revisar la actual normativa de incentivos fiscales a la innovación, así como los procesos de gestión, evaluación y seguimiento de tales incentivos.

Sea como fuere, la Corporate Tax Reform Package evidencia la importancia que otorga la Comisión Europea a los incentivos para I+D e innovación como motor de competitividad y como condición necesaria para que a nivel europeo existan opciones para competir en el ámbito de los bienes de alta tecnología, como lo es toda tecnología asociada al software.