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El contribuyente tiene vía libre para impugnar la aplicación de este impuesto municipal.

Enorme Revuelo ha levantado la Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017 que obliga a modificar parcialmente la regulación actual del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Iivtnu), más popularmente conocido como plusvalía municipal. La sentencia da la razón a los contribuyentes que tenían que proceder al pago de este impuesto, aun habiendo obtenido una pérdida económica en las operaciones de transmisión de los inmuebles sujetos al mismo.

La sentencia no declara la inconstitucionalidad total del impuesto, sino que lo hace únicamente en lo que respecta a los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral de Guipúzcoa 16/1989, es decir, aquellos que, en palabras del Alto Tribunal, “someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

Es importante señalar en este punto que la inconstitucionalidad de la Normal Foral de Guipúzcoa trasciende, en cierto modo, su ámbito geográfico de aplicación. Ello es así porque la regulación declarada inconstitucional está también presente en la normativa del resto de España. Se trata por tanto de una norma homónima que se constituye como antecedente a lo que se replicará para el resto del Estado con respecto al articulado del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En consecuencia, la sentencia necesariamente provocará que los órganos legislativos –en primer lugar los de Guipúzcoa, luego los del resto del país- tengan que modificar su normativa.

Sea como fuere, la configuración de este impuesto ya estaba en entredicho: su fórmula de cálculo provoca situaciones en las que, a pesar de no haber obtenido ganancia alguna con la venta, se ha acabado tributando, a veces de forma desorbitada. Tanto es así que con anterioridad a la sentencia algunos juzgados y tribunales ya concluyeron que, en los casos en los que exista una pérdida económica acreditable, no procederá la imposición de gravamen alguno.

También fueron planteadas distintas cuestiones de inconstitucionalidad –la procedente de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de San Sebastián es la que ha resuelto el Tribunal Constitucional en cuanto a la regulación foral de Guipúzcoa- orientadas a si el gravamen de las situaciones de pérdidas económicas podía ir en contraposición al principio de capacidad económica comprendido en el artículo 31 de la Constitución y que coloquialmente se traduce como “quien más gana, más paga”, así como al derecho de defensa del artículo 24 de la misma por no permitirse desvirtuar la fórmula de cálculo prevista en la ley, aportando pruebas que demostrasen que se había vendido el terreno a un precio inferior al que se había adquirido y, por tanto, que existía una pérdida real.

La idea inicial que el legislador tenía cuando se introdujo este impuesto partía de la presunción de que el valor de los terrenos se iba a ir revalorizando conforme fuese pasando el tiempo, ya que el municipio iba a ir paulatinamente creciendo y proveyendo de mejores servicios que implicaban irremediablemente el aumento del valor de los terrenos de su término municipal.

En este sentido, la base imponible de la plusvalía municipal no es otra que el incremento del valor de los terrenos que se pone de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años, siendo el citado valor el que tienen a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Y esta fórmula de cálculo, en la que no se tienen en cuenta los valores de compra y venta, se configura como presunción que no admite prueba en contrario, y que, en consecuencia, siempre arroja un resultado positivo por ser de aplicación una fórmula de cálculo que para nada tiene en cuenta sus condiciones particulares. Esto ahora es refutado por el Tribunal Constitucional.

Por último, añadir que el valor catastral no solamente tiene importancia a efectos de IBI, sino que se constituye como el elemento principal objetivo de la plusvalía municipal e implica que muchas veces el importe a pagar por el contribuyente sea extremadamente elevado, más si tenemos en cuenta los recientes incrementos que este valor ha experimentado en una gran cantidad de municipios para el año 2017 como consecuencia de los coeficientes de actualización aprobados por el Gobierno español a fines de 2016, a falta de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

En cualquier caso, ahora el contribuyente tiene vía libre para decir: ¡devuélvanme el importe de la plusvalía!

Publicado en ‘El Economista’ 12 de Abril de 2017

Bárbara Rueda

Abogada Fiscalista de FI Group

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