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Como ya mencionamos en un reciente post sobre el IBI, se ha publicado el Informe “Panorama de la Fiscalidad Local 2018”, elaborado por REAF Asesores Fiscales, un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, en el que se analizan, entre otros aspectos, el impacto tributario de los impuestos locales. En esta ocasión, vamos a centrarnos en el Impuesto sobre Actividades Económicas o IAE.

El IAE es un tributo local que, en los últimos años, ha perdido importancia recaudatoria, debido a la exención de determinados contribuyentes (entre ellos, las personas físicas). En todo caso, su hecho imponible viene constituido por la realización de actividades empresarias, profesionales y artísticas en el territorio nacional.

Como ocurre con otros impuestos locales, su configuración normativa la aprueba, básicamente, el Estado. No obstante, los municipios ostentan cierta potestad tributaria al respecto.

Así, por ejemplo, los Ayuntamientos pueden establecer categorías fiscales de calles y sus índices de situación correspondientes o instaurar determinadas bonificaciones potestativas respecto de, entre otros aspectos, los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, por la creación de empleo, por la utilización o la producción de energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o por el desarrollo de actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal.

Esta potestad de los municipios es uno de los factores que influye en la existencia de diferencias a la hora de exigir el pago del IAE y, por lo tanto, en la recaudación por habitante de dicho impuesto. Debemos destacar que el IAE no representa, para la mayoría de las capitales de provincia, una fuente de ingresos significativa. Sin embargo, debemos poner de manifiesto que tiene una importancia destacable en Vitoria (supone el 15,3%), Pamplona (15,2%) o Sevilla (14,8%). En contraposición, apenas tiene incidencia en Jaén (2,8%), León (3,2%) o Salamanca (3,1%).

En relación con los ingresos por habitante, Sevilla es la ciudad en la que se obtienen unos ingresos más elevados (63,50 €), seguida de Tarragona (61,30 €) y Vitoria (59,50 €). Por el contrario, los ingresos más bajos por habitante se recaudan en Melilla (7,80 €), Jaén (10,20 €) y Ceuta (10,50 €).

Respecto de los coeficientes de situación, existe una diferencia de 2,9 entre el coeficiente máximo de 3,8 establecido en Barcelona, Cuenca, Huelva, Madrid, Palma, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona o Zaragoza y el de 0,9 previsto en Jaén. Las diferencias son menos significativas en el caso del coeficiente mínimo, que va desde un 1,52 en Zaragoza hasta un 0,5 en Jaén.

De todas formas, debe destacarse que, para el año 2018, solo tres capitales de provincia han modificado su coeficiente máximo de situación (Girona, Huesca y Palencia) y solo cuatro capitales de provincia han modificado el coeficiente mínimo (las tres anteriores y Coruña). No obstante, en todas ellas, las modificaciones son poco significativas. Finalmente, el informe tributario contiene también una simulación de las cuotas tributarias del IAE, teniendo en cuenta los coeficientes de situación máximos y mínimos, partiendo de unas cuotas previas de 1.000 € y de 5.000 €. Así, por ejemplo, tomando en consideración la aplicación del coeficiente máximo de situación a una cuota previa de 1.000 €, la diferencia de la cuota a pagar puede ser de hasta 2.900 €. En concreto, en Zaragoza se abonaría un tributo de 3.800 € mientras que en Jaén sería de 900 €. En el caso del coeficiente mínimo, esta diferencia se mantendría, por ejemplo, entre Huelva (donde se pagaría 3.300 €) y Zamora (donde la cuota sería de 400 €).

Pero esas diferencias no existen solo entre las cuotas de diferentes municipios, sino que también se ponen de manifiesto entre calles de un mismo municipio. El informe pone como ejemplo el caso de Tarragona, en el que entre la calle más barata y la más cara hay una diferencia, para una cuota previa de 1.000 €, de 2.800 €. Otro ejemplo es el caso de Barcelona en el que, tomando en consideración una cuota previa de 5.000 €, las diferencias entre la calle más cara y la más barata pueden llegar a ser de hasta 14.250 €.

Autor: Neus Teixidor | Abogada fiscalista en FI Group