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Como ya mencionamos en dos recientes post sobre el IBI y el IAE, se ha publicado el Informe “Panorama de la Fiscalidad Local 2018”, elaborado por REAF Asesores Fiscales, un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, en el que se analizan, entre otros aspectos, el impacto tributario de los impuestos locales. En esta ocasión, vamos a centrarnos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido popularmente como plusvalía municipal.

El IIVTNU es un tributo local directo, real, objetivo e instantáneo que grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad del inmueble (ya sea por compraventa, por herencia o por cualquier otro título) o de la constitución o la transmisión de un derecho real de goce limitativo del dominio. Debemos destacar que su constitucionalidad ha sido puesta en entredicho en los últimos años y, de hecho, el propio Tribunal Constitucional ha considerado que su configuración actual es inconstitucional.

Como ocurre con otros impuestos locales, su configuración normativa la aprueba, básicamente, el Estado. No obstante, los municipios ostentan cierta potestad tributaria al respecto y, de hecho, su exigencia es potestativa, lo que supone que los Ayuntamientos deben aprobar la ordenanza fiscal correspondiente para poder cobrarlo.

Así, por ejemplo, los Ayuntamientos pueden determinar el porcentaje anual aplicable y fijar el tipo impositivo, siempre dentro de los límites previstos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Asimismo, tienen capacidad para establecer algunas bonificaciones potestativas que se prevén en la normativa estatal, como puede ser: una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra en los supuestos en los que la transmisión se realice por causa de muerte a favor de descendientes, adoptados, cónyuges, ascendientes o adoptantes; o una bonificación de hasta el 95% en la transmisión de inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo. Además, los Ayuntamientos pueden, durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor de unos nuevos valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, reducir el valor catastral del terreno.

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Nuevamente, esta potestad de los municipios es uno de los factores que influye en la existencia de diferencias a la hora de exigir el pago del IIVTNU y, por lo tanto, en la recaudación por habitante de dicho impuesto.

Debemos destacar que el IIVTNU puede llegar a representar, en algunos municipios, una fuente de ingresos destacable. Así, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se espera obtener por este medio un 27,2 % de los ingresos impositivos, siendo ese porcentaje del 21,7 % en Barcelona.

En relación con los ingresos por habitante, Madrid es la ciudad en la que se obtienen unos ingresos más elevados (202,40 €), seguida de Barcelona (142,40 €) y Burgos (88,90 €). Debemos mencionar que sorprende el hecho de que solamente estos tres municipios están por encima de la media de ingresos por habitante del total de las capitales de provincia (88,10 €), siendo este hecho consecuencia del elevado nivel de ingresos por habitante de Madrid. Por el contrario, los ingresos más bajos por habitante se recaudan en Ceuta (6,80 €), Badajoz (10,60 €) y Pontevedra (11,80 €). Respecto de los tipos de gravamen, existe una diferencia de 15% entre el tipo de gravamen del 15% aplicable en Segovia y el 30% de Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Huelva, León, Logroño, Murcia, Palmas de Gran Canaria, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Teruel o Zaragoza. Además, debe destacarse que, aunque la normativa permite establecer cuatro tipos de gravamen diferenciados (hasta los 5 años, hasta los 10 años, hasta los 15 años y hasta los 20 años), lo cierto es que la mayoría de capitales optan por establecer un único tipo de gravamen para todas las operaciones con independencia del tiempo transcurrido. Asimismo, en quince capitales de provincia, el tipo establecido coincide con el tipo máximo previsto en la norma estatal.

Por otro lado, debe destacarse que, para el año 2018, solo cuatro capitales de provincia han modificado sus tipos de gravamen. Así, en tres de ellas, se ha producido una disminución de esos tipos (Cuenca, Oviedo y Palma). En contraposición, en Girona se ha producido un leve incremento de los mismos.

Finalmente, el informe tributario contiene también una simulación de las cuotas tributarias del IIVTNU, tomando como referencia la transmisión de un terreno con un valor catastral de 100.000 € y considerando su transmisión a los 3 años, 7 años, 12 años y 18 años. A título de ejemplo, si tomamos en consideración un inmueble transmitido a los tres años de su adquisición, en Castellón se abonaría una plusvalía de 17.950,00 €, mientras que esa cifra sería de 30.000,00 € en Teruel, Zaragoza, Ciudad Real, Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Huelva, Logroño, León, Murcia, las Palmas de Gran Canaria o Salamanca. Por lo tanto, la diferencia de la cuota tributaria puede alcanzar los 12.050,00 €, en función de la capital de provincia en la que nos encontremos.

En cualquier caso, ahorrar en el pago del IIVTNU es perfectamente posible, siempre y cuando cuentes con la ayuda de profesionales cualificados. FI Group somos expertos en la optimización del valor catastral, lo que puede suponer un ahorro directo en el pago de este impuesto.

Autor: Neus Teixidor | Abogada fiscalista en FI Group