07/05/2024

Prácticamente todo el mundo sabe que, durante el estado de alarma provocado por el COVID-19, el Gobierno aprobó una serie de normativas destinadas a su regulación. Ahora bien, lo que no todo el mundo sabe es que, en dicha normativa, se aprobaron medidas que pueden afectar a algún procedimiento administrativo que actualmente tengas en trámite.

En concreto, en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se reconoció la suspensión e interrupción de todos los plazos de los procedimientos que se encontraran en vía administrativa.

¿Pero, en qué términos?

Pues bien, este primer Real Decreto 463/2020 no detallaba las condiciones de esta suspensión e interrupción del plazo. Por ello, con fecha 18 de marzo de 2020, entró en vigor el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual despejaba todas nuestras incógnitas.

En el mismo, se fijó que entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de abril del mismo año se entendían como suspendidos y paralizados todos los plazos de procedimientos administrativos. ¡Pero espera, que aún hay más!

Los efectos de dicha suspensión se extendieron, pues con fecha 23 de abril de 2020 se publicó el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo y, en el mismo, se fijó en su Disposición Adicional Primera que el plazo de suspensión tendrá efectos hasta el 30 de mayo.

¿Entonces, por cuánto tiempo se ha suspendido mi procedimiento?

Podemos afirmar que todos los procedimientos administrativos que se encontraban en trámite durante el estado de alarma causado por el COVID-19, han estado suspendidos y paralizados entre el 14 de marzo y el 30 de mayo de 2020, es decir, por un plazo total de 78 días.

¿Qué debo hacer para acreditar que esa suspensión se ha dado en mi procedimiento?

Actualmente existe gran cantidad de doctrina que ha aclarado que la interrupción del plazo es una circunstancia meramente objetiva, pues el estado de alarma dificultaba, o en ocasiones incluso imposibilitaba, la realización de trámites necesarios en el procedimiento administrativo. 

Por esa razón, bajo ninguna circunstancia, pueden obligarnos a motivar o justificar en qué medida deben aplicarnos la interrupción del plazo.

¿Qué implicaciones puede tener esto en mi procedimiento?

La suspensión de nuestro procedimiento administrativo por 78 días tiene implicaciones directas en la prescripción y caducidad. Esto puede tener implicaciones tanto para el contribuyente, pues tiene un plazo “extra” para reclamar aquello que en su derecho convenga antes de que el procedimiento se entienda como prescrito, como para la Administración, pues dispone de más tiempo para resolverlo.

Consideramos que en cualquier caso es esencial saber las implicaciones que la suspensión del plazo derivada del estado de alarma puede tener en vuestros procedimientos administrativos, pues puede suponeros importantes ahorros.

Si todo lo expuesto te ha hecho pensar que un procedimiento administrativo del que formas parte podría estar afectado por la suspensión del estado de alarma, y quieres saber en qué condiciones, te invitamos a que contactes con nosotros, pues en FI Group contamos con un Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria con expertos en la materia. Contacta con nosotros.

Carolina Fernández Tejero

Abogada