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Paula Medina

Directora técnica de FI Group

Por segundo año consecutivo la Dirección General de Catastro ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el pasado martes 30 de septiembre, la relación de los 2.472 municipios que serán objeto de actualización del valor catastral de los inmuebles de naturaleza urbana para el año 2015 mediante coeficientes municipales mayorativos y minorativos. Entre estos municipios cabe destacar Barcelona, Gijón, Badajoz, Getafe y Salou, entre otros.

Tras una modificación en la normativa catastral, el artículo 32.2 del texto refundido de la ley del catastro inmobiliario contempla que las leyes de presupuestos generales puedan actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos mediante la aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores.

En el año 2014 la Dirección General de Catastro aplica por primera vez en su historia los coeficientes de actualización municipal. Dichos coeficientes suponen en su gran mayoría una subida en el valor catastral de los inmuebles urbanos y en consecuencia de su cuota de IBI y nuevamente se aplicarán para 2015, y además se prevé que se seguirán aplicando en los próximos años para que se actualicen los valores catastrales y así ajustarlos al valor de mercado. Así pues para 2015, el 27% del total de los municipios españoles soportarán una media de un 11% de subida sobre la cuota del IBI. En contraposición, sólo en un 4% de los municipios descenderá su carga fiscal.

Los municipios que se vieron afectados el año pasado fueron 2.846. Entre otros Valencia, Alicante, Cartagena y Barcelona. A su vez se puede comprobar que en muchos casos, como en San Sebastián de los Reyes, Barcelona, Córdoba o Murcia, han aplicado estos coeficientes de actualización municipal para 2014 y repiten una vez más en la aplicación de estos para el próximo año.

Ahora bien, en años anteriores estos valores catastrales se actualizaban mediante un único coeficiente a nivel nacional y con independencia del año de aprobación de la ponencia de valores municipal. Es por ello que la gran cuestión que se plantea es la desigualdad que se produce para aquellos municipios que han decidido no actualizar sus valores catastrales frente a los que sí, causa que provoca una gran diferencia entre unos y otros en función de si su ayuntamiento se ha acogido a no a esta actualización, lo que conlleva un contraste en su imposición tributaria. En este contexto hay que tener en cuenta que no solamente se verá afectado el IBI sino también aquellos tributos vinculados al valor catastral, como por ejemplo la plusvalía municipal.

A todo ello se suma que en los municipios a los que no se les apliquen los coeficientes de actualización municipal, el Gobierno, mediante las medidas contenidas en la ley 16/2013, ha obligado a atribuir una subida sobre el tipo de gravamen aplicado al Impuesto sobre Bienes Inmuebles dependiendo del año de entrada en vigor de la Ponencia de Valores del municipio. Ello supondrá una mayor carga en el IBI pero no una subida en el valor catastral.
En nuestra opinión, aun a pesar de que el valor catastral lo determina la Administración Central, se puede concluir de este análisis que cada vez las diferencias tributarias son más palpables entre municipios. Deberían ser pues, los criterios para la determinación del valor catastral unificados a nivel nacional y común para todos los inmuebles de la misma naturaleza, para de ese modo cumplir con un sistema tributario justo.

Paliar el déficit de los ayuntamientos

Mediante estas medidas el Gobierno pretende ayudar a paliar el déficit de los ayuntamientos para salir de la situación financiera por la que atraviesan debido a la crisis que seguimos acusando, ya no solamente mediante el impuesto local que más se recauda, como es el caso del IBI, sino también otros tributos locales que se ven repercutidos, como puede ser la Tasa de Basuras, la Plusvalía Municipal y la Tasa de Movilidad.

Hasta hace unos años todos los ayuntamientos aprobaban sus propias Ponencias de Valores pero además de arduas son costosas y, tras la propuesta por parte de Catastro de poder realizar las subidas del valor catastral mediante este método de coeficientes sin tener que aprobar Ponencias de Valores, la gran mayoría han optado por esta opción. De hecho este año 2014 solamente 46 municipios han aprobado nueva Ponencia de Valores frente a los 450 que lo hicieron en el año 2006, coincidiendo con el boom inmobiliario.

Los ayuntamientos agradecen estas medidas tanto a nivel económico por el ahorro que supone el no hacer una Ponencia de Valores ni su correspondiente notificación, como a nivel vecinal por la poca repercusión que supone la aplicación de los coeficientes de actualización, que son aprobados mediante Presupuestos Generales del Estado y que pasan más desapercibido entre los ciudadanos puesto que estos solamente tienen conocimiento de los cambios una vez reciben las correspondientes cartas de pago.

Cada vez se pone más de manifiesto que al no realizarse las Ponencias de Valores (que en sí mismas contenían errores), no se reflejan en la base de datos catastral los cambios en los usos o las reformas realizadas en los inmuebles y que, en consecuencia y por desconocimiento, el valor catastral de los mismos sea mayor de lo debido. Por esta razón es importante su revisión, al menos cada 10 años, con el fin de que todos los parámetros se ajusten a la legislación vigente.