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La obligada modificación parcial de la regulación del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) o plusvalía municipal, motivada por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, da la razón a los contribuyentes que tenían que hacer frente al pago de este impuesto, aun habiendo obtenido una pérdida económica en las operaciones de transmisión de los inmuebles sujetos al mismo.

La sentencia declara la inconstitucionalidad de los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de la Norma Foral de Guipúzcoa 16/1989 con el argumento de que “someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia”.

Lo relevante, en cualquier caso, es que la inconstitucionalidad de la Norma Foral de Guipúzcoa trasciende su ámbito geográfico de aplicación, toda vez que la regulación declarada inconstitucional está presente en la normativa del resto de España. Se trata de una norma homónima que se constituye como antecedente a lo que se replicará para el resto del Estado con respecto al articulado del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por esta razón, la sentencia necesariamente provocará que los órganos legislativos -primero los de Guipúzcoa, luego los del resto del país- deban modificar su normativa.

Cabe señalar que la configuración de este tributo ya estaba en entredicho. Su fórmula de cálculo provoca situaciones en las que, a pesar de no haber obtenido ganancia alguna con la venta, se ha acabado tributando, a veces de forma desorbitada.

Tanto es así que antes de la citada sentencia algunos juzgados y tribunales ya concluyeron que, en los casos en los que exista una pérdida económica acreditable, no procederá la imposición de gravamen alguno. Además, se plantearon cuestiones de inconstitucionalidad -la procedente de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de San Sebastián es la que ha resuelto el Tribunal Constitucional en lo relativo a la regulación foral de Guipúzcoa- orientadas a si el gravamen de las situaciones de pérdidas económicas podía ir en contraposición al principio de capacidad económica comprendido en el artículo 31 de la Constitución y que coloquialmente se traduce como “quien más gana, más paga”, así como al derecho de defensa del artículo 24 de la misma por no permitirse desvirtuar la fórmula de cálculo prevista en la ley, aportando pruebas que demostrasen que se había vendido el terreno a un precio inferior al que se había adquirido y, por tanto, que existía una pérdida real.

Al introducir este impuesto el legislador partió de la presunción de que el valor de los terrenos se revalorizaría con el devenir del tiempo, ya que el municipio iba a ir paulatinamente creciendo y proveyendo de mejores servicios que conllevarían irremediablemente el aumento del valor de los terrenos de su término municipal.

La base imponible de la plusvalía municipal radica en el incremento del valor de los terrenos que se pone de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años, siendo el citado valor el que tienen a los efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Esta fórmula de cálculo -en la que no se tienen en cuenta los valores de compra y de venta- se configura como una presunción que no admite prueba en contrario, y que, en consecuencia, siempre arroja un resultado positivo por ser de aplicación una fórmula de cálculo que para nada tiene en cuenta sus condiciones particulares.

Esto ahora es lo que ahora refuta el Tribunal Constitucional. Ya lo saben: ha llegado el momento de solicitar la devolución del importe de la plusvalía.

Paula Medina
Directora técnica de FI Group

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