28/05/2024

No son pocos los contribuyentes que se han visto involucrados en un procedimiento administrativo, como puede ser un procedimiento inspector o sancionador, iniciado por la Administración. Pero… ¡apostamos a que hay algo que no sabíais!

Y es que, la Administración está legitimada por la normativa para celebrar contratos con empresas privadas para que les ayuden con la tramitación del procedimiento en cuestión.

¿Esto está limitado de alguna manera?

Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿todo vale? Pues la respuesta es no. Como muchos sabréis, la tramitación de un procedimiento administrativo está reservada para aquellas personas que ostentan la condición de funcionario público, exclusivamente.

¿Cómo es posible que se permita la contratación de empresas privadas?

Existe jurisprudencia emanada por el Tribunal Supremo que nos aclara estas cuestiones. En este caso, el propio Tribunal admite que la Administración tiene la posibilidad de tramitar un procedimiento administrativo con la intervención de una empresa privada que le facilite sus tareas.

Ahora bien, las funciones encomendadas deben ser generales, puntuales y accesorias, pues no debemos olvidar que la tramitación de un procedimiento administrativo no puede ser llevada a cabo por personas ajenas al personal estatutario de la Administración Pública.

¿La Administración puede extralimitarse al delegar tareas?

Como muchos imagináis, la respuesta es afirmativa. Existen supuestos en los que la Administración ha designado a una empresa privada funciones importantes, fundamentales o esenciales de un procedimiento administrativo, algo que está totalmente prohibido.

¿Y esto que supondría?

En el caso de encontrarnos ante un procedimiento administrativo, como por ejemplo un procedimiento inspector o sancionador, en el que la Administración se haya extralimitado a la hora de asignar a un tercero las tareas que envuelven el procedimiento, se podrá declarar la nulidad de las actuaciones realizadas, algo que sin duda es muy beneficioso para el contribuyente.

¿Cómo podemos detectarlo? 

Como hemos expuesto anteriormente, las tareas que la Administración puede asignar a una empresa privada deben ser genéricas. Es decir, en ningún caso, personal ajeno a la Administración puede, por ejemplo, recibir y comunicar resoluciones, realizar informes o dosieres, ni elaborar las propuestas de las resoluciones relevantes del procedimiento, aunque posteriormente todo ello sea suscrito por el personal de la Administración.  

Asimismo, la actuación de una empresa privada debe ser puntual y accesoria, por lo que cuando dicha empresa intervenga de forma regular y permanente durante la totalidad del procedimiento administrativo, podremos considerar que se está vulnerando lo fijado en la normativa. 

Pero ¡ojo! estos son solo algunos ejemplos que pueden ayudaros a entender cuándo se está atentando contra la realización de actuaciones reservadas expresamente para los funcionarios públicos, pero debéis tener en cuenta que el abanico de posibilidades es muy amplio.

¿Qué debemos hacer?

Bajo nuestro punto de vista merece la pena analizar cada procedimiento en profundidad con tal de conseguir el máximo beneficio posible y, desde el Departamento de Fiscalidad Inmobiliaria de FI Group, somos expertos en la materia y podemos ayudarte en la revisión y asesoramiento en tu procedimiento administrativo, sea del tipo que sea. En este sentido, contamos con un equipo técnico-jurídico especializado con amplia trayectoria en expedientes tributarios. 

Por tanto, no lo pienses, si te encuentras en esta situación, contacta con nosotros

Carolina Fernández Tejero – Abogada