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    Una vez finalizada la vía administrativa y conseguida una resolución que provoque una devolución de ingresos a favor del contribuyente, la Administración tiene la obligación de cumplir con esa resolución, pero es posible que no lo haga y nos preguntemos: ¿qué plazo tenemos para solicitar su cumplimiento?

    A principios del pasado mes de diciembre, el Tribunal Económico-Administrativo Central publicó una resolución que se centraba en determinar si había prescrito el derecho del interesado a solicitar que se cumpliera una resolución administrativa que le afectaba.

    La prescripción es el plazo de tiempo en el que está vigente un derecho, en este caso, el de reclamar que se lleve a cabo lo dictaminado por el órgano administrativo.

    Por norma general, el plazo de prescripción en materia fiscal es de cuatro años para los diferentes derechos que pueden darse en los procedimientos.

    Ahora bien, ¿Qué ocurre con el derecho del interesado a que se cumpla una resolución administrativa que le afecta?, ¿se aplica el plazo de cuatro años también?

    Ante esta pregunta, el Tribunal Económico-Administrativo Central ha optado por acogerse, de manera acertada en nuestra opinión, al criterio habitual usado por el Tribunal Supremo. De este modo, afirma el mencionado órgano administrativo que no deben equipararse los plazos para solicitar la ejecución de una resolución administrativa, con los de otros derechos como la solicitud de ingresos indebidos, que si tienen el plazo de cuatro años.

    Para llegar a la conclusión anterior, se debe entender que pese a que una resolución favorable hacia el contribuyente en materia tributaria y una solicitud de ingresos indebidos pueden tener el mismo resultado, no tienen la misma naturaleza.

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    María 17/02/2020, 21:46

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