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Seguro que alguna vez habrás oído hablar sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Incluso, probablemente, en alguna ocasión has tenido hacer frente a su pago. Es por ello que resulta fundamental conocer, a grandes rasgos, cómo funciona este impuesto y los supuestos en los que procede su pago.

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados está constituido por tres impuestos diferenciados: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP), el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) y el Impuesto sobre Operaciones Societarias (OS). Hoy nos centraremos en el primero de ellos, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

¿Qué es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas?

Como su nombre indica, se trata de un impuesto que grava las trasmisiones onerosas de bienes y derechos, cuando no estén sujetas a IVA, así como la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas. Además, debemos de tener en cuenta que, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se paga siempre que la transmisión se realice entre vivos, es decir, que no se haya originado por causa de muerte.

¿Quién paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales?

El obligado al pago, o sujeto pasivo, del ITP puede variar en función de la transmisión que se realice. Así, a modo de ejemplo:

  • En las transmisiones de bienes y derechos: el sujeto pasivo es el adquirente de ese bien o derecho;
  • En un arrendamiento, el arrendatario, es decir, la persona que ocupa o utiliza el bien inmueble cedido en régimen de arrendamiento.
  • En la constitución de derechos reales: el obligado al pago es la persona a cuyo favor se otorga ese derecho real, como son los derechos de superficie, de servidumbre, de vuelo, etc;
  • En una concesión administrativa: debe pagar el concesionario, es decir, la persona que explota un bien o servicio al ser beneficiario de una concesión administrativa.

Así, para cada transmisión sujeta a este impuesto, hay que ver quién es el sujeto pasivo que debe atender a su pago.

¿Cuándo tengo que pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales?

Este impuesto se devenga en la fecha en que se formaliza la transmisión del bien o derecho, o la constitución de derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones y concesiones administrativas. Si bien, el plazo de presentación de la declaración o autoliquidación es de 30 días hábiles desde esa fecha.

¿Dónde tengo que pagar el ITP?

Pues bien, se trata de un impuesto estatal, si bien, en la actualidad, se encuentra cedido a las Comunidades Autónomas. Por ello, este impuesto se debe pagar ante la Oficina competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

¿Qué pasa si no se paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas?

Si no se presenta la declaración o autoliquidación correspondiente, la Oficina competente de la Comunidad Autónoma en cuestión puede iniciar un procedimiento inspector. Este procedimiento tiene por objeto verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y la falta de presentación de la declaración o la autoliquidación supone un incumplimiento de las mismas. Por ello, normalmente va asociado a un procedimiento sancionador.

En consecuencia, si no se declara el ITP, el órgano competente exige el pago de la cuota del impuesto, los intereses de demora correspondientes y, además, una sanción sobre la cuota tributaria regularizada. Por ello, es aconsejable presentar la declaración o la autoliquidación dentro del plazo previsto para ello y atender a su pago, para evitar el inicio de un expediente inspector y, como consecuencia, un procedimiento sancionador.

Dicho esto, ¿qué valor tengo que declarar?

El obligado tributario, en la declaración o la autoliquidación del ITP, debe declarar el valor real del bien o derecho que se transmita. En función de este, resulta la cuota tributaria del impuesto, que depende de la operación que se grave en cada caso. No obstante, la Ley no define que se entiende por «valor real», por lo que no hay un concepto que permita su determinación.

Por este motivo, en numerosas ocasiones, dicha declaración o autoliquidación es objeto de un procedimiento de comprobación de valores, mediante el cual la Administración trata de demostrar que ese valor no se corresponde con el valor real. Sin embargo, es habitual que existan defectos en los procedimientos de comprobación de valores, para cuyo estudio y viabilidad es necesario conocer la normativa desde el punto de vista técnico y fiscal y estar al día de la jurisprudencia al respecto.

Por todo ello, es aconsejable contar con asesores especializados para conseguir un ahorro importante en el pago de este tributo o, incluso, para evitar el pago indebido de los recargos o sanciones impuestas. Desde el equipo de Fiscalidad Inmobiliaria de FI Group contamos con un equipo técnico y jurídico-fiscal especializado en tributación inmobiliaria, por lo que podemos asesoraros durante la tramitación de dichos procedimientos de comprobación, así como en los eventuales recursos que se interpongan contra los mismos. ¡No dudes en contactar con nosotros!

Mireia Salas

Abogada