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Generalmente asociamos el valor catastral y los datos contenidos en el Catastro con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), aunque esa es una de las funciones más relevantes del Catastro no es, ni mucho menos, la única.

Es cierto que el Catastro Inmobiliario nació con una finalidad meramente fiscal, para facilitar la exigencia de impuestos sobre los bienes inmuebles, pero, con el paso del tiempo, ha ido incrementando sus usos.

A nivel fiscal, a parte del IBI, el valor catastral también se utiliza como elemento determinador de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. Pero, además, el valor catastral se usa para la cuantificación de las rentas imputables a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o algunos aspectos del Impuesto sobre Sociedades (IS) o el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR).

Asimismo, como ya hemos apuntado en algunas ocasiones anteriores, la aplicación de coeficientes sobre el valor catastral también se viene empleando como un método de comprobación de valores a efectos del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD). No obstante, su utilización ha sido matizada por el Tribunal Supremo, en el sentido de que, además de la aplicación de esos coeficientes sobre el valor catastral, se requiere la visita personal al inmueble objeto de valoración.

Igualmente, es habitual que el valor catastral se utilice en la exigencia de impuestos autonómicos (como puede ser el Impuesto catalán sobre Activos No Productivos) o en tasas locales, como la tasa de residuos urbanos.
Sin embargo, como ya apuntábamos con anterioridad, el valor catastral y los datos catastrales tienen usos que van más allá de la exigencia de impuestos.

A este respecto, los datos catastrales se utilizan para determinar la capacidad económica y el patrimonio familiar de las personas a efectos de la concesión de determinadas ayudas públicas, como pueden ser, por ejemplo, las becas escolares. Además, también se usan como indicativo a la hora de reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Finalmente, no debemos olvidar que Catastro colabora con el Ministerio de Agricultura en la tramitación de las ayudas de Política Agraria Común (PAC) que concede la Unión Europea.

Dadas las implicaciones fiscales y extrafiscales, es importante contar con unos datos catastrales actualizados y que se ajusten a la realidad del inmueble, por lo que desde FI Group podemos ayudarte, pues contamos con un equipo técnico y jurídico-fiscal especializado en la materia.

Neus Teixidor

Abogada